PCA Granada

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Lo contaba la periodista Olga Rodríguez en su blog el 5 de julio. Dos semanas antes, el bloguero egipcio de 28 años Khaled Said moría presuntamente a causa de la brutalidad policial. Said pretendía difundir por internet un vídeo donde mostraba cómo algunos oficiales de policía se reparten un alijo de droga incautada. La policía le propinó una brutal paliza en un cibercafé, después lo sacó a la calle y siguió golpeándole hasta la muerte, según varios testigos. La versión oficial es que falleció asfixiado tras tomar drogas, pero tanto el dueño del cibercafé como otros testigos señalaron a los agentes como responsables directos de la muerte del joven. Además hay una fotografía, realizada en la morgue, que muestra el cadáver de Khaled con claras señales de golpes en el rostro y con la mandíbula rota.

Tras conocerse la noticia, y a pesar de la ley de emergencia, estalló una oleada de protestas que culminaron con una manifestación en la que se congregaron unas cinco mil personas y en la que participó el egipcio Mohamed El Baradei, ex presidente del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA). Como bien dice Rodríguez, al ser la dictadura de Egipto una gran aliada de Europa y Estados Unidos, no ha habido condena por parte de los gobiernos occidentales. Tampoco hemos leído gran cosa en la prensa. Y es que Khaled Said no es Yoani Sánchez, ni Egipto es Cuba.

Rebelion.org // Revisado por Caty R.

La cuestión del número de «presos políticos» en Cuba está sometida a polémica. Para el gobierno cubano no hay presos políticos en Cuba, sino personas condenadas por delitos inscritos en el código penal, particularmente el hecho de recibir financiación de una potencia extranjera. En su informe 2010, Amnistía Internacional (AI) habla de «55 presos de opinión» [1], de los cuales 20 fueron liberados en julio de 2010, otros 6 el 15 de agosto de 2010, luego de la mediación de la Iglesia Católica y de España, y otros dos antes [2].Entonces, según AI, quedan actualmente 27 «presos políticos» en Cuba. Finalmente la oposición cubana y más precisamente Elizardo Sánchez, de la Comisión de Derechos Humanos y por la Reconciliación Nacional (CDHRN), señalan la cifra de 147 presos políticos, menos los 6 recientemente liberados, o sea 141 [3].Los medios occidentales privilegian esta última lista.

Primero conviene aclarar un aspecto de esta cuestión antes de evocar el tema del número exacto de «presos políticos» en la Isla: la existencia o no de la financiación de la oposición cubana por parte de Estados Unidos.

Esta política, clandestina entre 1959 y 1991, ahora es pública y muchas fuentes lo confirman. En efecto, Washington reconoce esta realidad en varios documentos y declaraciones oficiales. La ley Torricelli de 1992, y más particularmente la sección 1705 estipula que «Estados Unidos proporcionará asistencia a las organizaciones no gubernamentales adecuadas para apoyar a individuos y organizaciones que promueven un cambio democrático no violento en Cuba» [4]. La ley Helms-Burton de 1996 prevé, en la sección 109, que «el presidente [de Estados Unidos] está autorizado para proporcionar asistencia y ofrecer todo tipo de apoyo a individuos y organizaciones no gubernamentales independientes para unir los esfuerzos con vistas a construir una democracia en Cuba» [5].El primer informe de la Comisión de Asistencia a una Cuba Libre prevé la elaboración de un «sólido programa de apoyo que favorezca la sociedad civil cubana» [6]. Entre las medidas previstas se destina una financiación, por importe de 36 millones de dólares, al «apoyo de la oposición democrática y al fortalecimiento de la sociedad civil emergente». El segundo informe de la Comisión de Asistencia a una Cuba Libre prevé un presupuesto de 31 millones de dólares para financiar, todavía más, a la oposición interna [7]. El plan prevé también «entrenar y equipar a periodistas independientes de la prensa escrita, radiofónica y televisiva en Cuba» [8].

Llegaron a la Plaza Mayor de Segovia, el primer municipio en extracción de oro de Colombia, situado a unos 240 kilómetros de Medellín, en vehículos camperos. Eran varias decenas de hombres. Con los rostros cubiertos y espectacularmente armados, se dirigieron al ayuntamiento. Allí mataron de inmediato a la alcaldesa y a quienes se encontraban despachando con ella. Luego recorrieron el pueblo en busca de personas que llevaban en una lista. Al pasar por un bar, atestado de gente en aquella noche lluviosa del 11 de noviembre de 1988, un viernes de puente, ametrallaron indiscriminadamente a quienes se encontraban dentro del local.

Cuando salieron del pueblo, después de firmar su acción en varias pintadas, los paramilitares dejaron tras de sí 43 muertos y más de 50 heridos. Ni la policía de esta población de más de 20.000 habitantes, ni la guarnición de la Brigada XIV del ejército, por cuyas inmediaciones pasaron de ida y vuelta los asaltantes, parecieron darse cuenta.

Escarmiento

Mientras recuperaban los cuerpos de sus deudos, las gentes de Segovia daban por cierto que el crimen paramilitar había sido encargado por el viejo cacique de la zona, César Pérez García, que había perdido su influencia política ante el ascenso de la formación izquierdista Unión Patriótica, que ostentaba ya la alcaldía y la mayoría municipal. También asumían que era un escarmiento para una región progresivamente controlada por la izquierda, tras más de un siglo de dominio conservador. A César Pérez se le encausó brevemente como instigador de la masacre. Quedó libre sin cargos y llegó a ocupar la presidencia del Parlamento colombiano.

Ahora, la Corte Suprema de Justicia acaba de reabrir su caso y calificarlo como crimen de lesa humanidad, que no prescribe y que está pendiente de ser juzgado adecuadamente.

La Corte Suprema determinó el pasado martes por la noche abrir investigaciones preliminares a Pérez y a otros ocho ex parlamentarios: Jorge Castro, Nicolás Maloof, Jose Gamarra, Luis Eduardo Vives, Alfonso Campo, Salomon Saade, Jorge Caballero y Mauricio Pimiento, según consta en el sumario número 34.248. 

Un 44 negro del pie derecho, de 60 euros, viajó por el espacio al grito de “asesino, vivan los derechos humanos y viva el Kurdistán libre”. El zapato que Hocman Joma, un joven de 27 años, de origen kurdo y con pasaporte sirio, arrojó contra el primer ministro de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ni siquiera rozó al mandatario turco. A la puerta del Ayuntamiento de Sevilla donde acababa de recibir un premio, el calzado chocó contra la carrocería de su coche oficial y cayó junto al automóvil como un casquillo de cuero que recogieron los escoltas y que alguien terminaría por catalogar como prueba de una fallida agresión. Un crimen jocoso si no fuera porque la justicia española mostró una desproporcionada crudeza con respecto al frustrado agresor, detenido desde un primer momento y amenazado de expulsión por su situación irregular –tramitaba en ese momento la renovación de su permiso de residencia— o de repatriación a Siria, un país del que pudiera no salir vivo.

Un guardaespaldas turco le inmovilizó en el suelo y le condujo de inmediato al furgón policial, tapándole la boca y la nariz. Intento de atentado contra un Jefe de Estado, le imputaron cuando llegó ante un juez. Agresión a la policía y resistencia a la autoridad fueron algunos otros cargos barajados en su contra. Ingresado de inmediato en la prisión de Sevilla I, su defensa, que ejerció el letrado Luis Ocaña, promotor del libro que ahora tiene usted entre las manos, reclamó sin suerte libertad sin fianza. ¿Por qué? Porque a su juicio fueron irregulares las imputaciones de los delitos por los que fue enviado a prisión; que la imputación del delito de injurias, al llamar a Erdogan “criminal y asesino” es irregular ya que “no existe denuncia del ofendido”, y el de resistencia a la autoridad también “porque no hay parte de lesiones por parte de los agentes que le detuvieron, ni se produjo resistencia”.

Desde el primer momento, Ocaña también rebatió el supuesto delito contra la comunidad internacional, señalando que “se refiere a aquellos casos en los que se atente de manera grave contra miembros de la comunidad internacional, y en este caso el zapato ni siquiera llegó a impactar contra el primer ministro turco”. Para el 28 de junio de 2010 se ha señalado el juicio contra Joman, que se juega una pena de tres años y ocho meses de prisión así como una multa de 1.500 euros e incluso la expulsión de España, país adonde llegó en 2005 como solicitante de asilo, aunque nunca le fue concedida dicha gracia. Una pena mucho mayor, en cualquier caso, a la que terminó cumpliendo en Irak el autor del famoso zapatazo contra Bush, en diciembre de 2008, que sólo vivió nueve meses de cárcel.

La existencia en el mundo en desarrollo de 146 millones de niños menores de cinco años bajos de peso, contrasta con la realidad de los infantes cubanos, reconocidos mundialmente por estar ajenos a ese mal social.

Esas preocupantes cifras aparecieron en un reciente reporte del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), bajo el título de Progreso para la Infancia, Un balance sobre la nutrición, divulgado en la sede de la ONU.

De acuerdo con el documento, los porcentajes de los niños con bajo peso son de 28 por ciento en Africa Subsahariana, 17 en Medio Oriente y Africa del Norte, 15 en Asia oriental y el Pacífico, y siete en Latinoamérica y el Caribe.

La tabla la completan Europa Central y del Este, con el cinco por ciento, y otros países en desarrollo, con 27 por ciento.

Cuba no tiene esos problemas, es el único país de América Latina y el Caribe que ha eliminado la desnutrición infantil severa, gracias a los esfuerzos del Gobierno por mejorar la alimentación del pueblo, especialmente la de aquellos grupos más vulnerables.

Las crudas realidades del mundo muestran que 852 millones de personas padecen de hambre y que 53 millones de ellas viven en América Latina. Sólo en México hay cinco millones 200 mil personas desnutridas y en Haití tres millones 800 mil, mientras en todo el planeta mueren de hambre cada año más de cinco millones de niños. De acuerdo con estimados de las Naciones Unidas, no sería muy costoso lograr salud y nutrición básica para todos los habitantes del Tercer Mundo.

Bastarían para alcanzar esa meta 13 mil millones de dólares anuales adicionales a lo que ahora se destina, una cifra que nunca se ha logrado y que es exigua si se compara con el millón de millones que cada año se destinan a publicidad comercial, los 400 mil millones en drogas estupefacientes o incluso los ocho mil millones que se gasta en Estados Unidos en cosméticos.